Energía: liberalización o intervencionismo
Miguel Arias Cañete
Expansión, 31 Agosto. 2005
La Ley del Sector Eléctrico de 1997, aprobada por consenso en el parlamento español, parecía haber consagrado para siempre el modelo de libre mercado para el cumplimiento de los objetivos del sector.
Sorprende que ahora, en contra de lo que afirmaba el propio programa del partido socialista, venga un consultor externo, ¿en nombre de quién habla?, con planteamientos distintos, de corte intervencionista, y contrarios a las políticas que rigen en la mayor parte del mundo desarrollado. El libro Blanco sobre la reforma del marco regulatorio de generación eléctrica, nombre con el que ha sido bautizado el prolijo informe del profesor José Ignacio Pérez Arriaga, parte de un diagnóstico muy negativo del sector eléctrico español. Como aspecto más grave señala “la falta de confianza en el precio del mercado mayorista” y no titubea el culpar de ello a una estructura de mercado excesivamente concentrada.
El Libro Blanco, encargado por expreso deseo del Gobierno, defiende en definitiva, la reducción del poder del mercado de las grandes empresas españolas, lo que sólo puede ser entendido como un flaco favor a la economía española. A nuestro país no le sobran precisamente grandes compañías capaces de competir en el escenario internacional. El azar, o mejor dicho el acierto en sucesivas gestiones, ha querido que en el sector eléctrico, España cuente con dos empresas, Iberdrola y Endesa de entre las diez grandes compañías del sector en el mundo. El Gobierno debería tomar nota del apoyo que otros gobiernos prestan a su tejido empresarial y no hay mejor respaldo, ni alternativa posible, a la de crear marcos regulatorios que les permitan crecer y generar empleo y riqueza.
Es verdad que el Libro Blanco es, por ahora, sólo un informe de consultoría, que será contrastado con las opiniones autorizadas de la Comisión Nacional de Energía y las empresas afectadas. Pero no es menos cierto que durante meses se le ha dado carta de naturaleza para que se presentara como la hoja de ruta del sector. El Ministerio de Industria, quizá consciente de la que se le venía encima, ha intentado desvincularse de su contenido. Hace bien. Llevar alguna de las propuestas del Libro Blanco más allá del puro ejercicio teórico o academicista sería un error de difícil reparación futura.
Esperemos que Montilla se haya dado por satisfecho con la estrategia de ganar tiempo y opte en última instancia por dar continuidad a un modelo liberalizador, que está en plena sintonía con la vigente ley del sector, el real decreto Ley 5/2005 para el impulso de la productividad, el régimen de concesiones y concursos administrativos, el tratado del MIBEL y la propia Constitución Española de 1978. Y que se acomoda a la perfección a la directiva sobre el mercado interno de electricidad y al propio Tratado de Roma. Los principios de competencia y liberalización, de no discriminación y de protección al medio ambiente no son discutibles.
La liberalización del sector eléctrico, con defectos que hay que corregir, ha funcionado en los últimos años aceptablemente. Miles de consumidores han optado por el mercado libre. Nuevos agentes han decidido canalizar sus inversiones hacia España. Las nuevas tecnologías, fundamentalmente el Gas y las llamadas energías renovables, han encontrado en nuestro país un buen marco para su desarrollo. Dar ahora marcha atrás sería un error político con consecuencias económicas incalculables.
Recomendaciones
Entre las recomendaciones sugeridas por el Libro Blanco, figuran varias dirigidas a acabar con el poder de mercado de las empresas, tratando siempre de asimilar éste al potencial abuso del mismo, desdeñando, además, la capacidad supervisora de los organismos competentes en esta materia: Comisión Nacional de la Energía, Comisión Nacional del Mercado de Valores, Servicio de Defensa de la Competencia o Tribunal de Defensa de la Competencia.
En este sentido, se propone establecer una cuota máxima para limitar la capacidad de producción que las eléctricas negocian en el mercado, lo que en la práctica se traduciría en una venta de energía mediante contratos regulados (la generada por determinadas energías y a un precio fijo) o en una transmisión voluntaria de activos. En definitiva, una expropiación de valor a alguna de las compañías privadas cotizadas más importantes de España, que podrían, además, quedar a merced de otras empresas europeas públicas.
Cabe recordar que, frente a las tesis sostenidas por Pérez Arriaga, la liberalización del sector eléctrico en España, que comenzó hace ya ocho años, está siendo un éxito: el 35% de la energía eléctrica ya se vende en el mercado libre, hay más agentes y las cuotas han disminuido. Según los informes más fidedignos, en 2007 competirán en nuestro país quince operadores y más de 30.000 MW de potencia instalada, y ninguno tendrá una cuota superior al 25% del mercado ibérico. Además, según el 4º informe anual sobre la puesta en marcha del Mercado Interior del Gas y la Electricidad, hecho público en enero de 2005, España figura por debajo de la media europea en cuanto al poder del mercado de producción de su mayor eléctrica.
Es previsible que esta situación mejore en dos años, cuando, además de los países citados, superarán a nuestro país en ese ranking otros como Alemania y Holanda. El español estará, en definitiva, entre los tres mercados eléctricos menos concentrados de la UE.
Es razonable que, tal y como establecía la citada ley del sector eléctrico, se lleve a cabo una revisión del modelo regulatorio para solucionar los problemas de carácter estructural que se han detectado a lo largo de estos años -capacidad de generación insuficiente; derroche de energía; alejamiento de los objetivos medioambientales del protocolo de Kioto; dependencia energética del exterior; problemas en la redistribución; déficit de tarifa-, que se han visto agravados este ejercicio por problemas coyunturales como la sequía, el precio de los combustibles y el fuerte incremento de la demanda.
Pero dicha actualización, que ha de mirar el futuro y plantear soluciones a largo plazo para un sector intensivo en capitales, debe seguir profundizando en la liberalización eléctrica, por la que han apostado tanto el gobierno español como la Unión Europea.
Expansión, 31 Agosto. 2005
La Ley del Sector Eléctrico de 1997, aprobada por consenso en el parlamento español, parecía haber consagrado para siempre el modelo de libre mercado para el cumplimiento de los objetivos del sector.
Sorprende que ahora, en contra de lo que afirmaba el propio programa del partido socialista, venga un consultor externo, ¿en nombre de quién habla?, con planteamientos distintos, de corte intervencionista, y contrarios a las políticas que rigen en la mayor parte del mundo desarrollado. El libro Blanco sobre la reforma del marco regulatorio de generación eléctrica, nombre con el que ha sido bautizado el prolijo informe del profesor José Ignacio Pérez Arriaga, parte de un diagnóstico muy negativo del sector eléctrico español. Como aspecto más grave señala “la falta de confianza en el precio del mercado mayorista” y no titubea el culpar de ello a una estructura de mercado excesivamente concentrada.
El Libro Blanco, encargado por expreso deseo del Gobierno, defiende en definitiva, la reducción del poder del mercado de las grandes empresas españolas, lo que sólo puede ser entendido como un flaco favor a la economía española. A nuestro país no le sobran precisamente grandes compañías capaces de competir en el escenario internacional. El azar, o mejor dicho el acierto en sucesivas gestiones, ha querido que en el sector eléctrico, España cuente con dos empresas, Iberdrola y Endesa de entre las diez grandes compañías del sector en el mundo. El Gobierno debería tomar nota del apoyo que otros gobiernos prestan a su tejido empresarial y no hay mejor respaldo, ni alternativa posible, a la de crear marcos regulatorios que les permitan crecer y generar empleo y riqueza.
Es verdad que el Libro Blanco es, por ahora, sólo un informe de consultoría, que será contrastado con las opiniones autorizadas de la Comisión Nacional de Energía y las empresas afectadas. Pero no es menos cierto que durante meses se le ha dado carta de naturaleza para que se presentara como la hoja de ruta del sector. El Ministerio de Industria, quizá consciente de la que se le venía encima, ha intentado desvincularse de su contenido. Hace bien. Llevar alguna de las propuestas del Libro Blanco más allá del puro ejercicio teórico o academicista sería un error de difícil reparación futura.
Esperemos que Montilla se haya dado por satisfecho con la estrategia de ganar tiempo y opte en última instancia por dar continuidad a un modelo liberalizador, que está en plena sintonía con la vigente ley del sector, el real decreto Ley 5/2005 para el impulso de la productividad, el régimen de concesiones y concursos administrativos, el tratado del MIBEL y la propia Constitución Española de 1978. Y que se acomoda a la perfección a la directiva sobre el mercado interno de electricidad y al propio Tratado de Roma. Los principios de competencia y liberalización, de no discriminación y de protección al medio ambiente no son discutibles.
La liberalización del sector eléctrico, con defectos que hay que corregir, ha funcionado en los últimos años aceptablemente. Miles de consumidores han optado por el mercado libre. Nuevos agentes han decidido canalizar sus inversiones hacia España. Las nuevas tecnologías, fundamentalmente el Gas y las llamadas energías renovables, han encontrado en nuestro país un buen marco para su desarrollo. Dar ahora marcha atrás sería un error político con consecuencias económicas incalculables.
Recomendaciones
Entre las recomendaciones sugeridas por el Libro Blanco, figuran varias dirigidas a acabar con el poder de mercado de las empresas, tratando siempre de asimilar éste al potencial abuso del mismo, desdeñando, además, la capacidad supervisora de los organismos competentes en esta materia: Comisión Nacional de la Energía, Comisión Nacional del Mercado de Valores, Servicio de Defensa de la Competencia o Tribunal de Defensa de la Competencia.
En este sentido, se propone establecer una cuota máxima para limitar la capacidad de producción que las eléctricas negocian en el mercado, lo que en la práctica se traduciría en una venta de energía mediante contratos regulados (la generada por determinadas energías y a un precio fijo) o en una transmisión voluntaria de activos. En definitiva, una expropiación de valor a alguna de las compañías privadas cotizadas más importantes de España, que podrían, además, quedar a merced de otras empresas europeas públicas.
Cabe recordar que, frente a las tesis sostenidas por Pérez Arriaga, la liberalización del sector eléctrico en España, que comenzó hace ya ocho años, está siendo un éxito: el 35% de la energía eléctrica ya se vende en el mercado libre, hay más agentes y las cuotas han disminuido. Según los informes más fidedignos, en 2007 competirán en nuestro país quince operadores y más de 30.000 MW de potencia instalada, y ninguno tendrá una cuota superior al 25% del mercado ibérico. Además, según el 4º informe anual sobre la puesta en marcha del Mercado Interior del Gas y la Electricidad, hecho público en enero de 2005, España figura por debajo de la media europea en cuanto al poder del mercado de producción de su mayor eléctrica.
Es previsible que esta situación mejore en dos años, cuando, además de los países citados, superarán a nuestro país en ese ranking otros como Alemania y Holanda. El español estará, en definitiva, entre los tres mercados eléctricos menos concentrados de la UE.
Es razonable que, tal y como establecía la citada ley del sector eléctrico, se lleve a cabo una revisión del modelo regulatorio para solucionar los problemas de carácter estructural que se han detectado a lo largo de estos años -capacidad de generación insuficiente; derroche de energía; alejamiento de los objetivos medioambientales del protocolo de Kioto; dependencia energética del exterior; problemas en la redistribución; déficit de tarifa-, que se han visto agravados este ejercicio por problemas coyunturales como la sequía, el precio de los combustibles y el fuerte incremento de la demanda.
Pero dicha actualización, que ha de mirar el futuro y plantear soluciones a largo plazo para un sector intensivo en capitales, debe seguir profundizando en la liberalización eléctrica, por la que han apostado tanto el gobierno español como la Unión Europea.
posted by Marcel at 8:38 AM
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